Durante 2025, el hurto de energía volvió a convertirse en un desafío para la operación del servicio en Bogotá y Cundinamarca. Más de 28.290 casos registrados evidencian que esta práctica no solo afecta a la compañía, sino también a miles de usuarios que dependen de un suministro seguro y continuo.
Entender qué está ocurriendo, por qué representa un riesgo y cómo impacta a las personas es clave para dimensionar un problema que va más allá de una cifra anual.
¿Qué ocurrió en 2025?
En 2025 se registraron más de 28.290 casos de hurto eléctrico. De estos, 1.080 correspondieron al robo de red y materiales, mientras que 27.210 estuvieron relacionados con conexiones directas no autorizadas y manipulaciones en medidores.
Dentro de estos últimos, 7.230 casos se vincularon con intervenciones destinadas a evitar el registro correcto del consumo de energía. Es decir, prácticas diseñadas para alterar la medición real del servicio.
Además, entre los casos registrados se encuentran 629 eventos de robo de tapas de energía subterránea y la sustracción ilícita de 413 elementos asociados a equipos telecontrolados: tales como baterías, piezas de control y cableado; que se suman a los más de siete kilómetros de red eléctrica hurtada para extraer el material y comercializarlo de manera ilegal.
El impacto en la calidad del servicio
El hurto de infraestructura eléctrica afectó la calidad del servicio a más de 300.000 clientes en el área de cobertura de Enel Colombia. Cada intervención ilegal en la red implica riesgos técnicos que pueden derivar en interrupciones, sobrecargas o fallas que terminan impactando a usuarios que sí cumplen con sus obligaciones.
La normalización de estas afectaciones representó un costo superior a $1.200 millones de pesos para la compañía.
Las localidades de Bogotá con mayor número de reportes relacionados fueron Chapinero, Kennedy, Santa Fe, Engativá y Suba.
Cantidad de energía hurtada en 2025
La energía hurtada en 2025 ascendió a más de 56 GWh. Esta cifra es proporcional al consumo mínimo vital (130 kWh al mes) de 430 mil hogares de estratos 2 y 3, que puede compararse con la población de localidades como Usme, Fontibón o Suba.
Más allá del dato técnico, se trata de energía que debía estar destinada a atender de manera regular y segura a miles de familias.
Un dato relevante es que el 6 % de los casos correspondió a parques industriales y comerciales con una energía hurtada de 24,7GWh, es decir, el 44% de la totalidad de la energía recuperada en el año 2025.
En cuanto a hurto de energía como tal, los mayores casos se identificaron en las localidades de Kennedy, Mártires y Puente Aranda, así como en municipios como Soacha, Tenjo, Mosquera, Cogua y Madrid.
Riesgos y consecuencias legales del hurto de energía
La manipulación ilegal de redes eléctricas no es una práctica menor. Intervenir la infraestructura sin autorización puede provocar accidentes eléctricos, incendios o fallas que ponen en riesgo la vida de quienes realizan la manipulación y de quienes se encuentran cerca.
Además, el hurto de energía y/o los daños a la infraestructura constituyen un delito que puede ser sancionado con multas y penas de hasta 12 años de prisión. Más allá de la sanción penal, estas acciones afectan la seguridad pública y la confiabilidad del sistema eléctrico.
La energía es un servicio esencial. Cuando la red se altera de manera ilegal, el riesgo no es individual, sino colectivo.
Una responsabilidad compartida
El uso ilegal de la energía es un problema que nos afecta a todos. Su mitigación es una responsabilidad compartida entre empresas, autoridades y ciudadanía.
Enel Colombia adelanta de manera constante jornadas de control y seguimiento a las conexiones y al estado de la infraestructura. Sin embargo, preservar la integridad de la red también requiere la colaboración de las personas.
Mantenerse informado sobre las consecuencias legales del hurto de energía y contribuir activamente en la detección de irregularidades es una forma de proteger la seguridad y la continuidad del servicio. Si se conoce un caso, es posible realizar una denuncia anónima mediante el canal habilitado por Enel.
Proteger la red es proteger a las comunidades
Las más de 28.290 irregularidades registradas en 2025 reflejan un desafío operativo y social. Cada caso implica riesgos, costos y posibles afectaciones para miles de usuarios.
Más allá del número, el mensaje es claro: la energía debe gestionarse de manera legal y segura. Proteger la infraestructura eléctrica no solo garantiza la continuidad del servicio, sino que contribuye a la seguridad de las comunidades y a la confianza en un sistema del que dependen hogares, comercios e industrias.